Según las autoridades, los ciudadanos peruanos son acusados de haber estafado a unos 24 inmigrantes ilegales por un monto ascendente a 30 mil euros. Los timadores aseguraban a sus víctimas que podían regularizar rápidamente su situación pues contaban con influencia en diversas instituciones.
Los estafadores, una mujer de iniciales P.R.A.C. de 45 años, y un varón de iniciales C.H.J.C. de 31 años, ofrecían regularizar la situación de los ilegales e, incluso, les prometían un empleo.
La policía detuvo a estos timadores en el ayuntamiento Daganzo de Arriba, en Madrid, donde los peruanos tenían una agencia de viajes que utilizaban de fachada para sus ilícitas actividades.
Las autoridades hispanas estiman que los peruanos han estafado a más personas. Sin embargo, estas no realizan una denuncia formal debido a su condición de ilegales en el país europeo.
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